A través de un DNU vuelve a regular en un ámbito del que se había retirado durante el macrismo. Se viene una prestación básica universal de los servicios de comunicaciones.
(*)
Escribo a horas de que el Presidente Alberto Fernández diera a conocer a través de sus cuentas en las redes sociales que firmó un decreto que declaró a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial. Al mismo tiempo se activó la vocería de quienes pretenden confundir a las audiencias con que este es un escalón más hacia la
"venezuelización" de Argentina porque se trata de una estatización encubierta. Esto es lisa y llanamente una mentira.
Pero, primero lo primero, como decía mi abuela. Los ejes el decreto de necesidad y urgencia 690/20:
- El Gobierno Nacional declara a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial.
- Suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.
- No podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.
- El Estado recupera las herramientas regulatorias.
- La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Se decidió que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen.
El contexto en el que se adoptaron estas medidas es clave para entender su significado. Todo gira en torno a la pandemia, a la prestación de los servicios (que tiene a pocos actores), a la crisis económica con la que asumió Alberto Fernández y a las significativas cifras de los argentinos y argentinas que carecen de servicios que ya en otros países son considerados obligatorios y universales, que el Estado debe garantizar: telefonía celulas básica e internet.
La primera muletilla del discurso con el que se pretende deslegitimar al DNU es que de manera inmediata se desalienta la inversión privada. Falso. La telefonía básica es un servicio público y en 1990 se privatizó, una de las primeras medidas del menemismo. ¿Esto desalentó la inversión? Para nada.
En cuanto a TIC, recuerda el investigador Martín Becerra datos claves: "El Presidente repone el carácter de SERVICIO PÚBLICO EN COMPETENCIA a los servicios TIC. Esta categoría había sido aprobada por el Congreso de la Nación en la Ley 27078 ("Argentina Digital") y luego modificada por decreto por el expresidente Macri. Mientras estuvo vigente la noción de "servicio público en competencia" en telecomunicaciones, se registró la mayor inversión y expansión de servicios de comunicaciones móviles (por la Licitación 4G)".
El DNU también señala: "Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad".
Es aquí en donde el Estado, vía el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), recupera una una función clave que es la de regulador que había perdido a poco de asumir Mauricio Macri. Es decir, las empresas deberán presentar un esquema que justifique los pedido de incrementos de las tarifas. Además, una vez que se reglamente el DNU se conocerán las características que tendrán los Planes Universales. "Una especie de tarifa social básica que deberán tener todas las compañías del sector en forma obligatoria", describe el periodista Leandro Renou en Página/12.
Una de las cosas que desnudó la pandemia, entre otras, es lo esencial que son los servicios de comunicaciones pero la contracara es su deficiente prestación. Desde el 1 de enero, los reclamos en las organizaciones de defensa de los consumidores, privadas y públicas (Ombudsman de las provincias) son encabezados por quejas sobre telefonía celular e internet. Y, por lo tanto, pedían que los organismos de contralor intervengan cuanto antes.
Con el anuncio presidencial no caben dudas que la decisión del Poder Ejecutivo es darle espesura y presencia al Estado en el ámbito de las comunicaciones, es decir, sí está entre sus prioridades. De actor pasivo pasará a jugar un rol estratégico para terminar con el profundo desequilibrio que existe entre quienes gozan de servicios premium (rentables para las empresas privadas) y otros de regular para abajo, hasta inexistentes (en donde el empresariado no invierte por considerarlo una pérdida). No sólo se trata de cuestiones geográficas, ya que no es lo mismo tener internet en el porteño barrio de Palermo o en un pueblo del interior de Tucumán, sino también de incluir en el mundo de las comunicaciones a los sectores de más bajos recursos.
Así como la declaración de "servicio público" de los servicios básicos de comunicaciones no equivale a una "estatización", tampoco la "suspensión" es lo mismo que un "congelamiento" de las tarifas. El DNU se propone, en todo caso, que haya una razonabilidad en las subas que se darían recién después desde 31 de diciembre y que tendrán como telón de fondo las consecuencias de la crisis económica por la pandemia.
De acuerdo a su último informe elevado a la Comisión Nacional de Valores, Cablevisión Holding, la empresa de telecomunicaciones del Grupo Clarín, ganó $ 2.774 millones en lo que va de este año. Es decir, un 168% más de lo que ganó en el mismo período en 2019.
Cablevisión Holding reúne a Personal, Fibertel, Cablevisión y Telecom, el cuádruple play dle grupo y sus socios. La telefonía celular es lo que más ingresos les reportó con un 36,8% del total. Lo sigue internet, con un 21,8%; cable con 20,9% y la telefonía fija con 15%.
La ventaja de la regulación estatal de las tarifas, de planificar, no es generarle perdidas a las empresas sino sostener una ganancia con principios de universalización, calidad, eficiencia y acceso a los servicios, no una tarifa volátil que juegue contra el crecimiento y que deja afuera a millones de argentinos y argentinas.
Es esperable de aquí en más que el Grupo Clarín endurezca su línea editorial en contra del Gobierno desde sus distintos medios y actores, que seguramente contará con el acompañamiento de otros medios dominantes. Se abre así un capítulo interesante en el que se pondrán negro sobre blanco los intereses en juego.
(*) Foto: autor Pablo Fontdevila, en Barrio Norte de Tucumán.
Escribo a horas de que el Presidente Alberto Fernández diera a conocer a través de sus cuentas en las redes sociales que firmó un decreto que declaró a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial. Al mismo tiempo se activó la vocería de quienes pretenden confundir a las audiencias con que este es un escalón más hacia la
"venezuelización" de Argentina porque se trata de una estatización encubierta. Esto es lisa y llanamente una mentira.
También hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios.— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020
Pero, primero lo primero, como decía mi abuela. Los ejes el decreto de necesidad y urgencia 690/20:
- El Gobierno Nacional declara a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial.
- Suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.
- No podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.
- El Estado recupera las herramientas regulatorias.
- La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Se decidió que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen.
El contexto en el que se adoptaron estas medidas es clave para entender su significado. Todo gira en torno a la pandemia, a la prestación de los servicios (que tiene a pocos actores), a la crisis económica con la que asumió Alberto Fernández y a las significativas cifras de los argentinos y argentinas que carecen de servicios que ya en otros países son considerados obligatorios y universales, que el Estado debe garantizar: telefonía celulas básica e internet.
La primera muletilla del discurso con el que se pretende deslegitimar al DNU es que de manera inmediata se desalienta la inversión privada. Falso. La telefonía básica es un servicio público y en 1990 se privatizó, una de las primeras medidas del menemismo. ¿Esto desalentó la inversión? Para nada.
En cuanto a TIC, recuerda el investigador Martín Becerra datos claves: "El Presidente repone el carácter de SERVICIO PÚBLICO EN COMPETENCIA a los servicios TIC. Esta categoría había sido aprobada por el Congreso de la Nación en la Ley 27078 ("Argentina Digital") y luego modificada por decreto por el expresidente Macri. Mientras estuvo vigente la noción de "servicio público en competencia" en telecomunicaciones, se registró la mayor inversión y expansión de servicios de comunicaciones móviles (por la Licitación 4G)".
El DNU también señala: "Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad".
Es aquí en donde el Estado, vía el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), recupera una una función clave que es la de regulador que había perdido a poco de asumir Mauricio Macri. Es decir, las empresas deberán presentar un esquema que justifique los pedido de incrementos de las tarifas. Además, una vez que se reglamente el DNU se conocerán las características que tendrán los Planes Universales. "Una especie de tarifa social básica que deberán tener todas las compañías del sector en forma obligatoria", describe el periodista Leandro Renou en Página/12.
Una de las cosas que desnudó la pandemia, entre otras, es lo esencial que son los servicios de comunicaciones pero la contracara es su deficiente prestación. Desde el 1 de enero, los reclamos en las organizaciones de defensa de los consumidores, privadas y públicas (Ombudsman de las provincias) son encabezados por quejas sobre telefonía celular e internet. Y, por lo tanto, pedían que los organismos de contralor intervengan cuanto antes.
Con el anuncio presidencial no caben dudas que la decisión del Poder Ejecutivo es darle espesura y presencia al Estado en el ámbito de las comunicaciones, es decir, sí está entre sus prioridades. De actor pasivo pasará a jugar un rol estratégico para terminar con el profundo desequilibrio que existe entre quienes gozan de servicios premium (rentables para las empresas privadas) y otros de regular para abajo, hasta inexistentes (en donde el empresariado no invierte por considerarlo una pérdida). No sólo se trata de cuestiones geográficas, ya que no es lo mismo tener internet en el porteño barrio de Palermo o en un pueblo del interior de Tucumán, sino también de incluir en el mundo de las comunicaciones a los sectores de más bajos recursos.
Así como la declaración de "servicio público" de los servicios básicos de comunicaciones no equivale a una "estatización", tampoco la "suspensión" es lo mismo que un "congelamiento" de las tarifas. El DNU se propone, en todo caso, que haya una razonabilidad en las subas que se darían recién después desde 31 de diciembre y que tendrán como telón de fondo las consecuencias de la crisis económica por la pandemia.
Pisando callos
En todos los casos, la medida del Presidente toca intereses. Por ejemplo, los del Grupo Clarín y los innegables vasos comunicantes directos e indirectos que tiene con otras empresas relacionadas con la comunicación. Pruebas al canto.De acuerdo a su último informe elevado a la Comisión Nacional de Valores, Cablevisión Holding, la empresa de telecomunicaciones del Grupo Clarín, ganó $ 2.774 millones en lo que va de este año. Es decir, un 168% más de lo que ganó en el mismo período en 2019.
Cablevisión Holding reúne a Personal, Fibertel, Cablevisión y Telecom, el cuádruple play dle grupo y sus socios. La telefonía celular es lo que más ingresos les reportó con un 36,8% del total. Lo sigue internet, con un 21,8%; cable con 20,9% y la telefonía fija con 15%.
La ventaja de la regulación estatal de las tarifas, de planificar, no es generarle perdidas a las empresas sino sostener una ganancia con principios de universalización, calidad, eficiencia y acceso a los servicios, no una tarifa volátil que juegue contra el crecimiento y que deja afuera a millones de argentinos y argentinas.
Es esperable de aquí en más que el Grupo Clarín endurezca su línea editorial en contra del Gobierno desde sus distintos medios y actores, que seguramente contará con el acompañamiento de otros medios dominantes. Se abre así un capítulo interesante en el que se pondrán negro sobre blanco los intereses en juego.
(*) Foto: autor Pablo Fontdevila, en Barrio Norte de Tucumán.
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