Alguien lo ve desde una esquina y sale a su encuentro, desde atrás. Lo sigue y está cada vez más cerca. Cuando ambos están a punto de doblar en una esquina, el hombre que sigue a quien tiene las manos en los bolsillos le da la voz de ¡alto! Lejos de detenerse, el primero se apresura y cuando se prepara para correr, siente en su espalda un ardor casi insoportable que lo atraviesa. Se siente caer, no puede manejar su cuerpo. Es lo último que recordará.
Más tarde se sabrá que alguien falleció en la calle tras haber recibido la descarga de una pistola eléctrica. Un policía lo vio en una actitud que supuso sospechosa, lo siguió y como no se detuvo, le disparó. 400 voltios
pudieron con los casi dos metros de Juan que, abrigado de pies a cabeza, había salido a la medianoche a comprar un medicamento para su pequeña hija que atravesaba una crisis de asma. Juan nunca se enterará que padecía de una arritmia cardíaca que se agravó cuando recibió el letal disparo eléctrico.
Esta escena que parece extraída de una película se acerca bastante a la realidad. Tanto, que 269 personas murieron entre 2001 y 2007 tras recibir descargas con armas Taser por parte de un policía. Claro, se trataba de "sospechosos".
Hace unos días, el Gobierno de Tucumán anunció que la Policía se aprestaba a incorporar armas no letales a la fuerza. Un eufemismo para denominar a las pistolas eléctricas Taser X 26, capaces de paralizar a una persona durante algunos minutos mediante una descarga de 400 voltios.
Desde el minuto cero en que se conoció la noticia, los políticos se llamaron a silencio. No consideraron que el Comité en Contra de la Tortura de la ONU desaconsejó su uso porque su aplicación constituye una forma de tortura. Amnistía Internacional se expresó en esa misma dirección y tras un estudio, señaló que el abuso de estas armas vulnera las normas internacionales que exigen que la policía emplee la fuerza sólo cuando sea "estrictamente necesario", y en proporción a la amenaza a la que haga frente.
Amnistía constató que sobre 291 muertes tras el uso de las pistolas eléctricas, sólo 25 personas llevaban algún tipo de arma cuando fueron sometidas a las descargas eléctricas. En el resto, no había ningún arma de fuego. ¿Alguien puede imaginar a la cuestionada Policía de Tucumán con estas armas al alcance de la mano?
Tan flagrante es la violación a los derechos humanos, que la propia Justicia de la Ciudad de Buenos Aires echó por tierra con esta misma idea que pretendió aplicar el jefe de Gobierno Mauricio Macri.
El silencio de los políticos tucumanos contrastó con el impacto de la noticia en la redes sociales, en donde numerosos usuarios de Facebook y Twitter se expresaron en su contra. Tanto, que tres días más tarde el gobernador José Alperovich, consultado por un periodista, dejó entreveer que las pistolas podrían no comprarse, aunque no lo desechó de plano.
Alguien me preguntó si mi postura en contra de las Taser era de carácter ideológico. Por supuesto que es así. Tucumán fue la provincia más castigada en el preludio, el inicio y durante la última dictadura militar. Fue el escenario sangriento en el que se pusieron a prueba los peores vejámenes cometidos contra personas, en nombre de la libertad, enseñados por los derrotados militares franceses tras la Guerra de Argelia, entre 1954 y 1962, en donde una de las torturas más difundidas era la tristemente célebre "picana eléctrica".
Su macabro uso se extendió entre los años 1975 y 1983. Los testimonios recogidos en el Informe Nunca Más dan cuenta de ese horror y la población tucumana fue testigo de ese aún interminable dolor. Los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan a cabo, tras casi 30 años de reclamos ininterrumpidos, nos entregan relatos estremecedores de quienes fueron sometidos a las interminables sesiones de tortura, amarrados a camas de hierro, esperando ser atravesados por la garra de la descarga eléctrica de la "picana". Otros, no lo soportaron y los "desaparecieron".
Por esta razón, el uso de las Taser es una divisoria de aguas ideológica. Se está a favor o en contra. No hay puntos intermedios, aunque la vida misma sea una inagotable escala de grises.
El silencio de los políticos ante su posible uso es atronador. A semanas de las elecciones de octubre, pudo más el temor a perder algún voto que la defensa de los derechos humanos. Intuyo que no son pocos los tucumanos que aprueban el uso de las Taser y que estarían de acuerdo con una política de "mano dura" en seguridad. Pero la función de los políticos es ser capaces de marcar un rumbo, defender una idea; no subirse a la ola y decir lo que mandan las encuestas. Si no lo hacen, serán recordados como grises representantes que sólo supieron administrar sus propios bienes para garantizar el futuro de los hijos de sus hijos.
Mientras tanto, el presente reclama su palabra. Si callan, ya sabemos de qué se trata. "Entre esos tipos y yo hay algo personal", diría Joan Manuel Serrat.
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