243 represores fueron condenados desde el regreso de la democracia en la Argentina por cometer secuestros, torturas, apropiaciones de bebés, asesinatos y desapariciones en la última dictadura militar, informó el Ministerio de Justicia de la Nación.
En este mismo período, de 28 años, fueron procesadas 802 personas, en la mayoría de los casos ex militares y ex miembros de las fuerzas de seguridad, y permanecen prófugos 32 imputados.
En su mensaje ante la Asamblea Legislativa tras asumir el segundo mandato como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la Justicia avanzar con los juicios iniciados por los crímenes de la
represión para que, al finalizar su gestión, se haya dado "vuelta una página tan trágica de la historia" argentina.
El ministro de Justicia, Julio Alak, destacó que entre diciembre de 2007 y octubre de 2011 la cifra de represores condenados aumentó de 41 a 243, especialmente luego de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Según estadísticas elaboradas por la Secretaría de Derechos Humanos, hasta octubre pasado habían finalizado en el país 12 juicios por delitos de lesa humanidad en los que se condenó a 53 personas, 43 de ellas por primera vez. En los primeros diez meses de 2011 los juicios por delitos cometidos en la dictadura se llevaron a cabo en Mar del Plata, Tucumán, San Martín, Resistencia, General Roca, Corrientes, Mendoza, Salta y cuatro procesos en la Ciudad de Buenos Aires.
En un informe, el Ministerio de Justicia señaló que ofrece una recompensa global de $ 3,3 millones para quien aporte datos de los 32 represores que aún permanecen prófugos. Al respecto, la cartera gubernamental recordó que la identidad de la persona que suministre la información ante la Unidad Especial es mantenida en secreto, un beneficio que alcanza también a los agentes que intervengan en la ejecución de la captura.
ntre las personas que evadieron a la Justicia se encuentran Eduardo Salvador Ullua, imputado por la justicia federal de Mar del Plata por el delito de homicidio calificado e identificado como ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Además son buscados Miguel Ángel Amigo, Ricardo Von Kyaw y Teodoro Gauto, todos por privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores.
Por su parte, en las causas por los delitos cometidos en la ex ESMA, entre ellos la desaparición del periodista Rodolfo Walsh, aún continúan prófugos el ex militar Jorge Raúl Vildoza; los ex policías Roberto González, Juan Carlos Linarez, Pedro Osvaldo "Angosto" Salvia; y el ex prefecto Gonzalo Sánchez.
En tanto, aunque no fue incluido en la nómina debido a que el hecho se reportó el miércoles pasado, el escribano Juan Carlos Benedicto, quien estaba detenido acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se fugó de un centro psiquiátrico en San Miguel de Tucumán, pese a que estaba custodiado por un agente de la Policía Federal.
Tras asumir el segundo mandato presidencial, Cristina Fernández destacó el avance realizado en materia de derechos humanos en la era kirchnerista y afirmó: "me enorgullezco de ser presidenta de un país líder y ejemplo en materia global en "el fin de la impunidad".
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